En un Estado Social de Derecho las ambiciones de acumulación inherentes al Capital, deben ceñirse a un orden de reparto justo.
Álvaro Ruiz
Fonte: El Destape
Data original da publicação: 21/02/2022
Las carreras entre salarios y precios son un clásico, a pesar de conocerse de antemano cuáles serán los perdedores. Quizás en ese tipo de competencias habría que implementar reglas que dotaran de un mayor equilibrio entre los contendientes y permitieran un resultado, cuanto menos, más incierto. Quizás, es tiempo de pensar en nuevas formas de resolver esas tensiones y abandonar una inercia predominante que nos presentan como irremediable.
El mundo del trabajo formal
Una característica que es propia de las relaciones de trabajo consiste en la asimetría existente entre las personas que trabajan y quienes las emplean. Es tal la desproporción de las potencias que poseen para el ejercicio y goce de sus respectivos derechos que la piedra basal de la legislación que regula el trabajo dependiente parte de esa premisa, creando otras desigualdades en favor de las y los trabajadores que compensen, en alguna medida, las de sentido inverso que se verifican en la realidad de esas vinculaciones.
El Principio Protectorio que informa a todo el Derecho Laboral, no es otra cosa que el reconocimiento de la situación antes descripta y una forma de dotar de mayor equidad la interacción entre Capital y Trabajo, a la que subyace una conflictividad que le es inmanente y que lógicamente incide en el anhelo de paz social.
De allí deriva entre otras tantas consecuencias, que se consagre como axioma que las personas que trabajan son sujetos de preferente tutela del Ordenamiento Jurídico, como lo ha declarado reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación generando una doctrina jurisprudencial que se ajusta a los imperativos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos incorporado -con igual o similar rango- a la Constitución Nacional.
El asociacionismo obrero que dio origen a los sindicatos, con su accionar proporcionó ciertas cuotas de fortaleza al sector laboral, aunque no hizo desaparecer esas asimetrías en lo individual como tampoco en el plano colectivo.
Todo lo cual pone en evidencia la relevancia del rol del Estado en aras de garantizar una mayor equidad en el desenvolvimiento del mundo del trabajo, como de promover un desarrollo con justicia social.
Ambiciones, necesidades y urgencias
Una regla de oro del Capitalismo es el afán de lucro, concebido como el motor de la Economía y ligado al fomento del consumo que es tanto un medio como un fin en la lógica propia de ese sistema de organización social.
Los bienes materiales a distribuir no son infinitos, e incluso pueden ser escasos, por lo que su apropiación -que también deriva de aquella regla- exige imponer límites a las ambiciones personales o grupales anteponiendo valores comunitarios superiores e impostergables para una convivencia razonable.
La propiedad privada de los medios de producción que explica la apropiación de los frutos del trabajo ajeno y también la puja distributiva con la fuerza laboral, no puede desligarse del cumplimiento de una inexorable función social.
En un Estado Social de Derecho las ambiciones de acumulación inherentes al Capital, deben ceñirse a un orden de reparto justo como ceder frente a las necesidades y más aun ante las urgencias que se presenten.
Todas estas cuestiones deben atenderse a la hora de controlar acontecimientos y actitudes emergentes que, coyuntural o estructuralmente, influyen en las asimetrías típicas de las relaciones de empleo acentuándolas y comprometiendo las negociaciones entre los actores sociales, en especial en materia salarial.
La inflación
En cualquier país, y más todavía en los periféricos, la inflación constituye un problema central que invade todos los ámbitos de las relaciones sociales. En la Argentina tiene ese fenómeno un marcado arraigo, que es motivo de encendidos debates tanto sobre sus causas como sobre los modos de combatirlo.
La inflación siempre se traduce en una transferencia de ingresos notoriamente regresiva, dado que ese proceso importa un direccionamiento desde los que menos tienen hacia los que más tienen, cuyo carácter disvalioso se acentuó con la indecente ampliación de las distancias que separan a los sectores más concentrados respecto de los restantes y sobre todo con los más carenciados.
La recuperación en lo macro de la Economía durante 2021 con una alta tasa de crecimiento del PBI (del 10%), no tuvo correlato en la economía doméstica, ni tuvo esa misma tendencia en cuanto al empleo por consecuencia, ocupación y condiciones laborales de mayor calidad, mostrándose un incremento de trabajadores formales pobres o empobrecidos.
Las múltiples ayudas estatales a la actividad privada excedió la inversión pública con su conocido efecto expansivo y multiplicador, puesto que se tradujo también en mayores o nuevos subsidios en materia de energía, desarrollo industrial y comunicaciones, reducción de cargas a los empleadores incluso para el pago de salarios (ATP), fomento y fuerte reactivación del turismo interno (Pre-viaje), entre otras. Que no tuvieron de parte de los destinatarios una respuesta a tono con esas medidas.
Ejemplos son la utilización en la compra de divisas para atesoramiento de las ATP y de la habilitación de recortes salariales, la falta de inversión productiva, el aumento desproporcionado de precios en hotelería, gastronomía y turismo (muy por encima de la media entre octubre pasado y lo que lleva de febrero 2022, que ascendió al 27% promedio), aprovechando la mayor disponibilidad de la gente por el excedente derivado de los desembolsos del Banco Nación; los incrementos brutales en telefonía e internet, cuando se han constituido en servicios de consumo esenciales y en los que impactó positivamente para las empresas prestatarias la pandemia generando una mayor demanda.
La inflación en enero 2022 fue del 3,9% pero en alimentos el alza promedio marcó un 4,9%, y en comunicaciones llegó al 7,5% con lo que ello impacta en el empeoramiento de la calidad de vida, mayor obviamente para la población asalariada y de menores recursos.
Según el INDEC, en la medición de determinados productos se advirtieron, en ese último mes, aumentos muy elevados: un 30% el limón, 11,3% la cebolla, 14,2% la papa, 82,2% el tomate y 11,8% el pan. Datos que deben ponderarse en sí mismos y en relación con otra información de la misma fuente, que refiere las variación anual de otros productos por encima del índice general (IPC) del 51% en 2021: el vino 114,3 %, la mayonesa 105,8%, máquinas de afeitar 84,7%, tapas de empanadas 84,2%, mermeladas 80,2%, jabones 71,9%, carne 70,0%, conservas 68,2%, productos lácteos 62% y del orden 64% café, té y yerba.
Particular importancia tiene la tasa interanual (INDEC) en el precio de oferta de los alquileres de departamentos usados, que fue en promedio de 57,45% y de 53,82% en las unidades habitacionales de dos y tres ambientes respectivamente. Un tema particularmente sensible por la alta proporción de la población no propietaria, la falta de créditos hipotecarios accesibles y una preocupante retracción de la oferta locativa con una elevada cantidad de inmuebles desocupados en los centros urbanos con mayor concentración de habitantes.
Otro tanto debe ponderarse con respecto a la medicina privada, a la que el Gobierno le aprobó un aumento del 9% en enero, así como la suba de tarifas que se prevé para marzo y el contexto crucial que deviene de las negociaciones con el FMI, las especulaciones en torno a las mismas y las presiones devaluatorias de los exportadores -principalmente los agropecuarios-, con las consiguientes operaciones en el mercado cambiario que determinan una mayor volatibilidad del dólar, que sigue siendo un precio de referencia aunque no tenga ninguna vinculación real con los insumos y costos de los productos.
Carreras y puntos de partida
Cuando en las carreras se indica “todos a sus marcas” se está dando cuenta del punto de partida de los competidores, lo que por supuesto ofrecerá ventajas iniciales a unos sobre otros.
En las de precios y salarios las desventajas para estos últimos son ostensibles, por diversas razones que determinan un enorme retraso en la partida.
El arrastre de la pérdida de poder adquisitivo que se verifica desde 2016 es del 15% promedio, aunque es mucho más elevado en la mayoría de los gremios, que ostentan debilidad en su capacidad de conflicto y de negociación.
Las paritarias son anuales y en ellas se pactan aumentos escalonados a lo largo de un período no inferior al trimestral ni necesariamente iguales en cada trecho. Los precios en cambio suben en tiempo real, día a día, con o sin razones económicas que lo justifiquen, y esa es la manera en que impactan en el bolsillo de los asalariados provocando el correlativo desfasaje temporal.
Cuando se dice que el salario le ganó -o siquiera le empató- a la inflación, se trata de una afirmación cuanto menos inexacta, ni comprobable materialmente para las personas que trabajan.
Por un lado, atendiendo a las pérdidas acumuladas en años anteriores y no recuperadas, que definen el punto de partida. Por otro, porque ese aludido “promedio” no es ni lejos la “media” que se registra observando la escala completa que conforman los miles de Acuerdos Colectivos y, especialmente, el modo en que se traducen a su interior en los respectivos escalafones convencionales.
Y principalmente, toda vez que la medición se hace al finalizar el año considerado, con lo cual la erosión salarial paulatinamente generada por la inflación en modo alguno es absorbida ni compensada con los incrementos otorgados con posterioridad, ni toma en cuenta la inflación ya en curso al tiempo de celebrarse las nurevas concertaciones colectivas.
Un necesario cambio de paradigmas
La recomposición de las remuneraciones en el empleo formal, sin ser de menor entidad la de los ingresos en general, exige replantearse unas cuantas pautas que tradicionalmente se verifican y se han ido naturalizando acríticamente o siendo objeto de resignación.
Una decisiva intervención del Estado, sirviéndose de los variados instrumentos -incluso legales- con los que cuenta para un eficaz contralor de los formadores de precios; la profundización de las exitosas verificaciones de la AFIP detectando infractores, evasiones y contrabando en la exportación, incrementando la recaudación; la modificación del régimen impositivo, aumentando los impuestos directos (a las ganancias, bienes personales y suntuarios, a la transmisión gratuita de bienes -legados y herencias-, a la propiedad inmueble rural improductiva y urbana ociosa a partir de determinado piso) y reduciendo los impuestos indirectos (el IVA, por ejemplo).
Proactividad estatal que también debe proyectarse en la nueva ronda paritaria con el mismo espíritu que gobierna el Sistema de Relaciones Laborales, persiguiendo compensar las asimetrías y gestionando en favor del sector laboral tanto en el desarrollo de las negociaciones, como en el impulso de las reformas que sean menester con aquel objeto y para un mayor empoderamiento gremial, frente al fenómeno tangible de la enorme concentración de sectores y grupos económicos.
En el sentido señalado pareciera indispensable ampliar y remozar los contenidos de la negociación colectiva, a la vez que dar un fuerte respaldo y emprender una acción coordinada para hacer realidad el derecho constitucional (Art. 14 bis C.N.) de “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Para lo cual no será suficiente el accionar del Estado, sin el compromiso -necesario e inexcusable- del Movimiento Obrero en su conjunto y la proposición de políticas acordes con esos fines, con la elevación de la calidad de vida de las y los trabajadores, con una democratización de las relaciones laborales y con la aspiración de acceder a una real Justicia Social.
